viernes, 13 de septiembre de 2013

INFORMACIÓN FARMACÉUTICA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

Probablemente el concepto de información farmacéutica nació en algunas mentes privilegiadas antes incluso de que hubiera ordenadores capaces de compilar resultados. La historia, aunque reciente, merece ser recordada, sobre todo por quienes piensan que acaban de descubrir las grandes posibilidades de explotación de la información que procede de las recetas, cuando esta historia comienza en 1975 en el Instituto Nacional de Previsión, que era por entonces la única entidad gestora de la Seguridad Social, y de la que dependía todo: las pensiones, el desempleo, la asistencia sanitaria y las prestaciones farmacéuticas. En aquel entonces sólo había algunos grandes ordenadores con una memoria central tan pequeña que ahora nos parece difícil que pudieran funcionar.
 En la industria farmacéutica nacía a la vez, o incluso antes, una corporación, la IMS (International Marketing Services), que recogía información de las compras de las farmacias y obtenía unos resultados muy similares en una muestra estadísticamente significativa. El desarrollo de la información farmacéutica en España en el terreno de la Administración ha sido enorme, hasta el punto de situarnos a la cabeza de cualquier país desarrollado, ya que no hay ningún otro que procese todas las recetas del sistema público y obtenga cruces de información vitales para la gestión y para la adopción de medidas de vigilancia y control. En la década de los ochenta el In salud desarrolló un proceso informático muy complejo que proporcionaba cientos de informes relacionando los datos de la especialidad farmacéutica --laboratorio, grupo terapéutico, principio activo-- con el médico prescriptor y la farmacia. Estos informes supusieron una importante depuración del fraude existente, en su versión más burda, que había adquirido proporciones alarmantes2.
A partir de 1981 se implanta un código nacional unívoco para identificar cada formato y se desarrollan dos grandes bancos de datos que funcionan on-line pero con datos obtenidos en diferido. En aquellos años se consigue, aunque por poco tiempo, conocer la estructura del consumo de los hospitales, pero el distanciamiento de la Seguridad Social y las primeras transferencias sanitarias comienzan a degradar los procesos centralizados que se tratan de revitalizar en la década de los noventa sin éxito. Es también en esa década cuando empiezan a producirse importantes desarrollos en las comunidades autónomas, pero va perdiendo operatividad la información sobre el consumo global, hasta el punto de que en este momento ha dejado de existir, a excepción de los datos de consumo y los principales indicadores.
Lo relatado hasta aquí puede dejar el poso de que algo no funciona bien, y así es; hay una excelente información que proporciona el proceso de facturación llevado a cabo por los colegios de farmacéuticos; hay incluso muy elaborados sistemas de información en bastantes comunidades autónomas, pero se ha perdido la visión de conjunto, y todo indica que ya no va a recuperarse. Junto a esto hay que decir que la información en manos privadas es cada vez mejor y maneja datos a los que no tienen acceso las Administraciones Públicas, ya que han aparecido empresas que utilizan «paraísos de información» para sus bases de datos y turbios sistemas para conseguir la información básica que interesa a la industria.
DATOS SENSIBLES

Los datos que contiene la receta son muchos  pero no todos tienen el carácter de datos sensibles desde un punto de vista práctico o por su protección legal. Los datos más importantes son los que identifican al médico; al medicamento --que es tanto como identificar al laboratorio, al grupo terapéutico y al principio activo--; a la farmacia y al paciente, en su calidad de trabajador activo o pensionista. De todos estos datos los únicos que interesan a la industria son los del médico y los del medicamento. En mucha menor medida podría estar interesada en la farmacia y, casi con toda seguridad, podría pasarse sin el dato del paciente, que además es el que tiene una mayor protección desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Por su parte, las Administraciones Públicas muestran un interés grande por conocer el dato del paciente y sus relaciones con el médico, pero desatienden algo tan importante como el diagnóstico y se muestran mucho más ineficaces que en otros tiempos a la hora de profundizar en la relación médico-laboratorio.

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